En una reunión espontánea, Gonzalo Gac, Rodrigo Peillard y Javier Oivares, tomaron la decisión de realizar algunas gestiones jurídicas de forma conjunta bajo el nombre de GPO Abogados.

La idea original orgánicamente comenzó a tomar forma, ampliando su alcance a la representación de nuevos clientes, los que al poco tiempo estaban constituidos por personas naturales, agrupaciones y empresas.

Ya a esta fecha GPO Abogados operaba en su oficina ubicada junto al actual Centro de Justicia de Viña del Mar. (En la imagen: ex oficina de GPO Abogados).

Hacia el año 2019, la firma inició un proceso de renovación que incluyó la actualización integral de su identidad corporativa y la reubicación de sus oficinas. En ese contexto, esta dejó de operar en las instalaciones ubicadas junto al Centro de Justicia de Viña del Mar.

Actualmente dichas oficinas son ocupadas por otros profesionales del derecho, quienes han incorporado ciertos elementos visuales que remiten (sin autorización) a nuestra antigua imagen institucional.

Por tanto, es importante hacer presente que ni GPO Abogados, ni Olivares & Peillard Abogados Asociados mantienen operaciones ni vínculo alguno con dichas instalaciones a la fecha.

Durante esta época la actividad de GPO Abogados se encontraba fuertemente enfocada en el Derecho Registral, área en la que alcanzó gran consolidación. Su quehacer profesional se centraba en el estudio y saneamiento de títulos, las inscripciones conservatorias, y la tramitación de actuaciones especiales ante los Conservadores de Bienes Raíces.

En esta etapa, el estudio jurídico incorporó la gestión de corretaje de propiedades, enfocándose en bienes raíces de gran tamaño o alto valor. Esta iniciativa respondió a la necesidad de algunos clientes de regularizar sus inmuebles antes de enajenarlos mediante un proceso que ofreciera plena certeza jurídica.

Durante el primer semestre del año 2018 GPO Abogados suscribió diversos acuerdos con el estudio liderado por el arquitecto Pablo Contreras, con el propósito de impulsar un joint venture orientado a servicios de tasación, regularización y estudios de planimetría inmobiliaria. Actualmente, como Olivares & Peillard Abogados Asociados, mantenemos una activa colaboración con Pablo Contreras y su equipo de Armos Arquitectos.

Con el impulso otorgado por las nuevas relaciones profesionales, la firma comienza a prestar servicios jurídicos en procesos de fusión de terrenos, este procedimiento consiste en la unificación de dos o más predios colindantes en una sola unidad registral y catastral, permitiendo optimizar el uso del suelo para la ejecución de proyectos de gran escala en el ejercicio del cumplimiento exigencias normativas relacionadas a la planificación territorial.

En la misma línea,  también comienza a prestar servicios jurídicos en procesos de subdivisión de terrenos, figura que permite fraccionar un predio en varias unidades independientes, con el objeto de facilitar su venta, arriendo o desarrollo singular. Estas operaciones exigen un análisis jurídico-estratégico riguroso, orientado a asegurar la viabilidad normativa del proyecto y anticipar eventuales contingencias regulatorias.

Durante este período, el estudio jurídico también se especializa en la constitución de servidumbres, tanto voluntarias como legales, fundamentales para viabilizar proyectos que requieren utilizar terrenos de terceros para fines específicos, tales como el paso de infraestructura eléctrica, sanitaria, de telecomunicaciones, o acceso peatonal y vehicular. La asesoría considera el diseño jurídico del derecho real y su correcta formalización e inscripción.

Finalmente, la firma incorpora la elaboración, revisión y protocolización de reglamentos, instrumentos esenciales para la regulación interna de comunidades, condominios y conjuntos habitacionales. Estos documentos establecen normas claras de convivencia, administración, uso de bienes comunes y resolución de conflictos, por lo que requieren una redacción precisa, alineada con la legislación vigente y adaptada a las particularidades de cada inmueble o proyecto.

Paralelamente, durante este periodo, el estudio jurídico desarrolló una sólida área de litigación, la que le permitió participar en causas de alta complejidad y relevancia pública, entre las que destacó un juicio vinculado a una reconocida tabacalera transnacional. (En la imagen, portada de «Revista Sábado» del periódico «El Mercurio» en donde se cubrió extensamente el juicio antes señalado). 

Con ocasión de la contingencia sanitaria derivada del COVID-19 y las restricciones operativas que afectaron al funcionamiento presencial de notarías, conservadores y oficinas públicas, el estudio jurídico adoptó formalmente un modelo de prestación de servicios jurídicos en formato digital. Ello implicó la implementación de protocolos de firma electrónica, gestión documental remota, coordinación telemática con clientes y entidades públicas, así como la estructuración de flujos de trabajo que permitieran mantener la continuidad operacional de promesas, compraventas, mutuos e inscripciones registrales, resguardando en todo momento la seguridad jurídica, la trazabilidad de los actos y el estándar técnico exigible en operaciones inmobiliarias de mediana y alta complejidad.

A partir del escenario generado por la crisis sanitaria del año 2020, numerosos clientes de la firma comenzaron a revisar sus estructuras societarias, ya sea constituyendo nuevas sociedades o modificando aquellas mediante las cuales desarrollaban sus actividades.

La necesidad de separar líneas de negocio, aislar riesgos patrimoniales, incorporar nuevos inversionistas o ajustar la gobernanza corporativa frente a un entorno de alta incertidumbre llevó a replantear estatutos, estructuras de capital y mecanismos de administración. En dicho contexto, nuestro equipo intervino en el diseño, adecuación y formalización de estas reorganizaciones, procurando consistencia entre la estrategia empresarial de cada cliente y el marco normativo aplicable.

En procesos de esta naturaleza, la asesoría de profesionales con experiencia específica en derecho societario resulta determinante. Las decisiones relativas a la constitución o modificación de estructuras jurídicas no solo inciden en la gobernanza, la relación entre socios y la proyección futura del negocio, sino también en la responsabilidad patrimonial y en la carga tributaria.

Una arquitectura societaria correctamente diseñada permite anticipar escenarios, ordenar la toma de decisiones y dotar al proyecto de coherencia jurídica en el tiempo, evitando ajustes posteriores que suelen implicar mayores costos y riesgos innecesarios.

A este punto, la firma comienza a prestar asesoría especializada a diversas empresas de corretaje de propiedades, implementando sistemas de trabajo orientados a mecanizar y optimizar el proceso completo de cierre de operaciones, desde la negociación y suscripción de la promesa de compraventa hasta el otorgamiento de la escritura definitiva y la práctica de las respectivas inscripciones conservatorias. Este modelo permitía estandarizar procedimientos, reducir contingencias y asegurar la correcta ejecución registral de cada acto, incorporando además como valor agregado la entrega a las partes de un set digital completo con la documentación de la operación, debidamente ordenada y respaldada.

Por entonces, el estudio jurídico adoptó la decisión estratégica de orientar su práctica hacia el Derecho Inmobiliario. Esta definición no respondió a una contingencia, sino a una visión de largo plazo destinada a concentrar capacidades, profundizar la experiencia profesional y ofrecer una asesoría jurídica más precisa, coherente y alineada con las exigencias de un segmento importante de los clientes fidelizados a esa fecha.

En una fase de ampliación de su rol profesional, Javier Olivares, abogado de nuestro estudio jurídico, asume el gerenciamiento inmobiliario de proyectos tales como Doce al Mar y Bosques de Monte Sagrado, desarrollados por Inmobiliaria MDI. Dicha responsabilidad implicó la conducción jurídica integral del desarrollo inmobiliario. Con posterioridad, el encargo se extendió al ámbito comercial, liderando la formalización de negocios con inversionistas y clientes finales mediante la redacción y negociación de promesas de compraventa, contratos de compraventa y la coordinación de procesos asociados a financiamiento hipotecario. En este contexto, el trabajo se desarrolló en estrecha colaboración con Armos Arquitectos, asegurando coherencia entre el diseño técnico de los proyectos y su estructuración jurídica y contractual. (En la Imagen: render del Proyecto Bosques de Monte Sagrado, proyecto ejecutado y 100% vendido).

A posterior quedaría a cargo de la coordinación y celebración de contratos comerciales para proyectos como, Bosques de Monte Sagrado II, Moras de Monte Sagrado, Laderas de Monte Sagrado, entre otros. Entre estos contratos, se encontraban los de inversionistas, los de clientes comerciales, y los de clientes finales. 

En este contexto, cada contrato fue diseñado considerando la naturaleza del proyecto y el perfil específico del cliente. Así, se estructuraban instrumentos diferenciados según se tratara de inversionistas (con esquemas de participación, retornos y garantías), clientes comerciales (con condiciones vinculadas a explotación, plazos y obligaciones de desempeño) o clientes finales (priorizando seguridad jurídica, claridad en las prestaciones y adecuada protección patrimonial). Esta segmentación permitía alinear los intereses económicos con una arquitectura contractual coherente, mitigando riesgos y otorgando previsibilidad a todas las partes involucradas.

Asimismo, la coordinación de estos procesos contractuales exigió una gestión integrada y sistemática con los equipos técnicos, asesores financieros y áreas comerciales de cada proyecto. La estructuración jurídica no se desarrollaba de manera aislada, sino como parte de un trabajo colaborativo en el que cada decisión contractual debía reflejar variables técnicas, proyecciones financieras y definiciones comerciales previamente consensuadas.

En instancias de su perfeccionamiento profesional, Javier Olivares, socio de nuestro estudio jurídico inicia el Magíster en Desarrollo e Inversión Inmobiliaria impartido por la Escuela de Negocios del ESE Business School, programa orientado a la formación de la Alta Dirección. Esta decisión académica respondió a una línea de especialización coherente con el posicionamiento de la firma, integrando de manera sistemática el análisis jurídico con herramientas de planificación financiera, modelación de inversiones y gestión de activos, así como la evaluación y dirección estratégica de proyectos inmobiliarios.

En el marco de un proceso de integración interdisciplinaria, se incorpora al equipo Constanza Vásquez, Ingeniera Comercial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, fortaleciendo el enfoque estratégico del estudio jurídico en materia de inversión inmobiliaria. Su incorporación tuvo por objeto aportar análisis financiero y criterio de estructuración económica a los encargos asumidos por nuestro equipo, particularmente asesorando a clientes en materia de planes de inversión acordes a su perfil patrimonial y nivel de aversión al riesgo. Asimismo, asumió un rol relevante en la estructuración de negocios inmobiliarios y en la evaluación financiera de cada operación con perfil de inversión.

En un momento de proyección académica, nuestro socio Gonzalo Gac inició las gestiones académicas y profesionales orientadas a cursar una maestría en la Universidad Católica de Valencia, en España. Este proceso implicó una planificación anticipada tanto en el ámbito personal como en el institucional, considerando la proyección internacional de su formación y su impacto en la estructura operativa de la firma.

En dicho contexto, se comenzaron a implementar las modificaciones necesarias para el proceso de transición desde GPO Abogados hacia Olivares y Peillard Abogados Asociados. Esta etapa supuso una revisión integral de la estructura societaria, la identidad institucional y la organización interna, con el objeto de consolidar una nueva etapa bajo una configuración corporativa coherente, manteniendo los estándares técnicos y la orientación estratégica que han caracterizado a nuestro equipo.

En el mismo período, el estudio jurídico comenzó a asumir encargos en conjunto con Intersecta Proyectos, vinculados a la elaboración de estudios de títulos y procesos de regularización inmobiliaria para Caja de Compensación Los Héroes, abordando inmuebles destinados a uso institucional y recreativo.

Dichos trabajos comprendieron la revisión exhaustiva de antecedentes dominicales, gravámenes y prohibiciones, la verificación de concordancia entre situación registral y realidad material, así como la subsanación de observaciones detectadas en sede conservatoria o municipal. Este encargo supuso la aplicación de criterios técnicos rigurosos y una coordinación eficiente con las distintas áreas del mandante, asegurando certeza jurídica en activos estratégicos para su operación.

Atendida la naturaleza de los inmuebles destinados a fines recreativos, estos siempre exigen abordar su análisis bajo el prisma de la especificidad propia del derecho inmobiliario. Se trata, por regla general, de activos emplazados en zonas con regulaciones territoriales particulares, frecuentemente sujetos a restricciones derivadas de servidumbres legales, instrumentos de planificación o limitaciones ambientales y cuyas dimensiones y configuración física inciden directamente en su régimen de uso y explotación.

Ante un escenario de mayor demanda de asesorías, Olivares & Peillard Abogados Asociados retoma la atención de consultas jurídicas vinculadas a la inversión inmobiliaria, consolidando una línea de práctica orientada al acompañamiento estratégico para inversionistas.

El servicio está destinado a quienes adquieren inmuebles con fines de inversión, y supone un análisis con un doble propósito: verificar que el perfil del inmueble sea económicamente coherente con la estrategia de rentabilidad proyectada, y asegurar que no presente vicios que puedan comprometer la seguridad de la operación.

Atendida la actual modalidad de organización del trabajo del estudio jurídico, las solicitudes de consulta se canalizan a través del Formulario de Contacto, disponible en este mismo website.

Las asesorías se desarrollan mediante videoconferencia, permitiendo una interacción directa y eficiente, acorde con la dinámica actual de quienes requieren compatibilizar sus actividades profesionales y personales, pudiendo acceder a la reunión desde cualquier lugar.

Desde su fase inicial, el proyecto Country Maitencillo, desarrollado por Inmobiliaria MDI, contó con la participación de Javier Olivares, socio de nuestro estudio jurídico, quien asumió la estructuración jurídica del desarrollo en coordinación con Armos Arquitectos, integrando tempranamente las definiciones técnicas, regulatorias y contractuales necesarias para su adecuada implementación.

Country Maitencillo corresponde a un condominio Tipo B de unidades urbanizadas emplazado en el sector de Maitencillo, concebido bajo un estándar de urbanización integral que contempla infraestructura soterrada para redes eléctricas, agua potable, alcantarillado, gas y fibra óptica, junto con vialidades interiores, áreas comunes y equipamiento deportivo, integrando criterios de planificación que buscan compatibilizar desarrollo inmobiliario y entorno natural.

En el marco de un proceso de regularización desarrollado durante varios meses, Olivares & Peillard Abogados Asociados en conjunto con Armos Arquitectos asumieron y llevaron a término la regularización integral de una manzana completa ubicada en el centro de la ciudad de Quintero, por encargo de Caja de Compensación Los Héroes. Lo anterior, con el objeto de fusionar un conjunto de 13 inmuebles que presentaban divergencias relevantes desde el punto de vista registral, catastral y urbanístico.

El proceso fue estructurado en diversas etapas sucesivas y coordinadas. En una fase preliminar, se desarrolló una planificación estratégica orientada a identificar las contingencias jurídicas y técnicas asociadas a cada una de las unidades involucradas, definiendo una hoja de ruta que permitiera compatibilizar la información registral con la cartografía oficial vigente y con la realidad material del predio.

Posteriormente, se practicó un estudio de títulos exhaustivo respecto de cada inmueble, revisando el árbol registral, así como la concordancia entre las superficies, los deslindes, y los colindantes. En paralelo, se efectuaron levantamientos topográficos destinados a determinar con precisión la situación física de los terrenos, incluyendo la verificación de cercos existentes, volúmenes construidos y distanciamientos respecto de bienes nacionales de uso público.

Los estudios de planimetría fueron desarrollados por Armos Arquitectos, quienes elaboraron los planos necesarios para la regularización y posterior fusión, considerando las exigencias normativas aplicables y la realidad constructiva existente. Con dichos antecedentes, se realizaron las presentaciones ante la Dirección de Obras Municipales de Quintero, para obtener la aprobación de la fusión pretendida.

Una etapa particularmente compleja estuvo dada por la necesidad de resolver inconsistencias detectadas entre los planos originales y la cartografía del Servicio de Impuestos Internos, diferencias entre los deslindes consignados en planos registrales y aquellos declarados en las respectivas inscripciones conservatorias, incongruencias entre los roles declarados ante el SII y los correspondientes a las unidades inscritas, e incluso asignaciones erróneas de roles en una unidad catastral por corresponder a una manzana distinta de donde se emplazaba el inmueble. Cada una de estas situaciones requirió análisis individualizado y diversas gestiones particulares.

Una vez obtenida la aprobación de la situación propuesta, se gestionó su posterior inscripción en el Conservador de Bienes Raíces de Quintero. Esta actuación incluyó el archivo de la resolución y el plano de fusión en el Registro de Documentos, y las anotaciones marginales en cada una de las inscripciones correspondientes a las unidades fusionadas, asegurando la debida trazabilidad registral del proceso.

El resultado fue la consolidación de un solo predio jurídicamente regularizado, apto para sustentar decisiones institucionales de inversión y desarrollo, bajo estándares de seguridad jurídica compatibles con la naturaleza del cliente y la envergadura de la operación.